La crisis sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 dejó en evidencia que en nuestra sociedad persisten desigualdades de género, específicamente en el impacto a la salud mental y física de las mujeres derivado del crecimiento exponencial de riesgos asociados a las violencias basadas en el género.
Frente a esta situación, al diseñar las respuestas de política pública se convirtió en una prioridad garantizar el acceso a la información sobre las dinámicas de las violencias contra las mujeres junto con las medidas efectivas de prevención y atención durante el periodo de aislamiento obligatorio decretado por el gobierno de Colombia.
Los indicadores de violencias contra las mujeres durante la pandemia de COVID-19 reportados por el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) señalan que entre marzo y septiembre del 2020 se registraron 76.366 eventos que afectan la salud de la población colombiana. De esa cifra, el 77% correspondió a mujeres víctimas de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, negligencia y/o abandono.
Según el SIVIGILA, las mujeres más afectadas se encontraban entre los 29 y 59 años (23.54%), seguido por las mujeres jóvenes entre los 18 y 28 años (21.32%). Resaltándose que 2.538 mujeres son migrantes y 2.959 mujeres pertenecen a grupos étnicos.
También resulta alarmante que 77.49% de los casos ocurrieron en la vivienda de la víctima. En cuanto al presunto agresor, se extrae que el 39.22% son familiares de las mujeres víctimas, mientras que el 36.36% corresponden a la pareja o expareja, y el 24,42% conciernen a personas sin vínculo familiar; es decir, compañeros de trabajo, compañeros de universidad, vecinos o personas desconocidas para la mujer.
En materia de violencias y discriminación contra las mujeres, el dato cuantitativo ha permitido medir el porcentaje de mujeres sometidas a incidentes de violencia; no obstante, en las ciencias sociales se ha reconocido que el género no debe ser considerado una variable en estas mediciones sino una categoría de análisis.
El género como categoría de análisis cuestiona las relaciones asimétricas de poder que han tenido asidero jurídico en las disposiciones normativas del país. En virtud de lo anterior, la divulgación de estadísticas atinentes a violencias y discriminación contra las mujeres a cargo del Estado debería estar acompañada de una interpretación analítica sobre cómo la pandemia de COVID-19 impactó el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y su incidencia en las desigualdades históricas de las regiones.
La información divulgada por el Estado no permite comprender de manera veraz y oportuna cómo la pobreza, el conflicto armado, el fenómeno migratorio, el cambio climático, el acoso laboral, el acoso callejero, la trata de personas, la violencia intrafamiliar, entre otros escenarios, generaron un efecto negativo diferencial en la vida y seguridad de las mujeres en el marco del COVID-19.
Tomando en consideración la importancia de la información en la exigibilidad de todos los derechos humanos de las mujeres, la Fundación Mujer y Futuro llevó a cabo un proyecto – apoyado por Oxfam- tendiente a consolidar las capacidades de monitoreo y recopilación de datos, mediante herramientas digitales, respecto a las violencias contra las mujeres con énfasis en el contexto de COVID-19.
Conoce más sobre el proyecto y accede a la caja de herramientas que contiene recursos pedagógicos, metodológicos y de sensibilización en http://mujeryfuturo.org/recoleccion-remota
Un comentario
Excelente que nos den cifras de cómo está la violencia contra las mujeres en esta pandemia