Cada día ocurren en Colombia graves situaciones de violencia hacia las mujeres, y cada cierto tiempo ocurre una situación atroz que pone de nuevo en los noticieros este gravísimo problema social, de carácter epidémico, pero que en realidad tiene muy poca atención institucional.
No bastan las leyes ni los decretos reglamentarios. Ya desde 2008 tenemos una excelente ley, la 1257, pero de manera lamentable constatamos que en Colombia no hay una infraestructura institucional que permita actuar y hacerla operativa . Pienso que el factor que más pesa en este desequilibrio es el sistema político colombiano, que se nutre de funcionarios sin formación ni preparación específica, por ser nombrados como cuota política de senadores, representantes, diputados o concejales de turno.
En el caso que nos ocupa, vemos con preocupación cómo los funcionarios de las Comisarias de Familia son personajes ausentes en su mayoría de compromiso y de conocimientos sobre sus funciones en la prevención de las diferentes violencias que aquejan a las familias colombianas, siendo sus actuaciones muy poco acertadas y carentes de enfoque de género, actuando de manera pasiva y en muchos casos en alianza con los agresores.
De igual forma, en nuestro departamento pese a la vigencia de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género, no hay logros ni acciones idóneas en materia de prevención ni de protección a las mujeres afectadas por violencias. Situaciones como contrataciones y programas que favorecen a organizaciones de carácter asistencial, hacen que los problemas en lugar de solucionarse, crezcan, evidenciándose en las estadísticas que cada día es mayor la violencia a las mujeres.
En Santander se ha dado un estancamiento y retroceso en la garantía de los derechos a la población femenina, hay ausencia de equipos calificados para asumir los retos que amerita la desigualdad de género.
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