En el debate sobre la valorización existen aspectos sobre los que conviene insistir y sobre los cuales el Alcalde como autoridad del municipio, podría tener mayor apertura para entender que hay un conjunto de situaciones que hacen que la ciudadanía diga con vehemencia: no a la valorización.

El primer aspecto versa sobre la desconfianza que existe hoy hacia las obras que adelantan las entidades públicas, muchas de ellas sin resultados visibles y con grandes presupuestos. Por ejemplo, vale citar aquí el caso del Parque Extremo en el Barrio San Martín, hoy abandonado; o el fallido proceso para la renovación del Parque Centenario, que contó con diseños de calidad pagos a arquitectos bajo la modalidad de concurso y no se ejecutó. También las grandes inversiones para el Centro Cultural del Oriente, que desde hace más de 10 años intenta estar “restaurado”; o los controvertidos diseños para los intercambiadores, que sin concurso alguno de diseño fueron adjudicados negando de tajo la posibilidad de participación de los urbanistas y arquitectos de la región. Para la ciudadanía, la corrupción que impera en la gestión y ejecución de las obras es un hecho, evidenciado por la Contraloría, la Procuraduría y otras entidades veedoras .El alcalde debe entender que el ejemplo es el principio básico de la credibilidad. Entonces, ¿cómo confiar en que los recursos de la valorización no seguirán el camino de la dilapidación?

El otro aspecto que la ciudadanía de Bucaramanga rechaza es el tipo de obras que se quiere construir, relacionadas con un concepto urbanístico que da prioridad a la movilidad vehicular sin considerar que es necesario un enfoque integral que priorice también el espacio público y nuevos equipamientos urbanos.

En Bucaramanga, muchas voces claman por una planificación urbana que beneficie a todos y no solo a los intereses de grandes constructoras. Sobre los intereses de la ciudad, basta ver la proliferación de enormes edificios de vivienda y comercio en contraposición a la ausencia de nuevos parques. El Alcalde debe escuchar y entender los argumentos de una ciudadanía que ejerce con dignidad su nombre.

 

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