Un grupo de personas pretende imponer sus convicciones y moral personal basada en su religión al resto de la población adulta colombiana. Con dos millones de firmas, los promotores del referendo “Unidos por la Vida” buscan la modificación del artículo 11 de la Constitución – “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.”- para que se reinstaure la prohibición total del aborto. Desde el 2006 la interrupción voluntaria del embarazo – IVE – está despenalizada en tres casos específicos: embarazo por violación, peligro para la salud de la madre y malformaciones en el feto que lo hacen inviable.
En 55 países del mundo la IVE está autorizada y reglamentada para evitar abusos. “Actualmente más del 60% de la población mundial vive en países donde se permite el aborto por una amplia gama de razones o sin restricciones en absoluto…” (Centro de Derechos Reproductivos.) En solo seis países del mundo está prohibida la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia.
En Colombia, la actual despenalización parcial del aborto garantiza en parte el derecho a decidir de la población femenina. Y que el aborto sea autorizado o no penalizado, no obliga a nadie a abortar; solo permite que las mujeres escojan de acuerdo a las circunstancias de sus vidas, sus capacidades y convicciones. Nunca y en ninguna parte del mundo significa que el aborto sea un método habitual de planificación familiar. Nunca una mujer aborta para darse el gusto de hacerlo y pretender lo contrario es una falta de respeto y de objetividad.
Mientras las personas tildadas de “proabortistas” no obligan a nadie y están dispuestas a respetar las decisiones de “opositoras”, por lo general las personas que se dicen “defensoras de la vida” demuestran un fanatismo devastador y preocupantes intenciones de imponer sus creencias y formas de vida sin ningún respeto por las diferencias y la libertad para las mujeres de tomar decisiones personales sobre sus cuerpos y vidas.
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