Factores como el flujo migratorio, la situación socioeconómica precarizada, el estatus migratorio irregular, la discriminación y la ausencia de redes de apoyo ponen a las mujeres de nacionalidad venezolana en un mayor riesgo de violencias y feminicidio.

Los Estados tienen la obligación de garantizar la recopilación de datos y la producción de estadísticas fiables e integrales sobre las violencias y discriminación contra las mujeres en sus diversidades. La disponibilidad y el acceso a tal información resultan necesarios para el diseño y evaluación de políticas públicas de prevención, atención y protección.

Frente a la desaparición de mujeres corresponde a las autoridades el deber de desplegar mecanismos de búsqueda pronta y efectiva estableciendo las circunstancias del hecho. La desaparición de mujeres suele estar vinculada a violencia de género, trata de personas, explotación sexual y feminicidio. La respuesta institucional especializada y oportuna es vital.

Toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada con perspectiva de género. Es preciso que sea eliminada cualquier barrera de acceso a la justicia y que sean implementados los instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres y la Ley 1761 de 2015 para la prevención, investigación, sanción y erradicación del feminicidio.

El feminicidio se refiere al asesinato de una mujer por su condición de ser mujer en una cultura de dominio de lo masculino sobre lo femenino; representa la expresión más severa de las violencias y discriminación contra las mujeres. Habitualmente la violencia feminicida es minimizada y aceptada por el Estado y la sociedad.

No contar con sistemas integrados y rigurosos de información sobre los casos de feminicidio conlleva a desconocer la magnitud de la problemática, limitar el diseño de intervenciones efectivas y favorecer el subregistro de víctimas.

Se presentan impactos específicos en las vidas y derechos de las mujeres derivados de la emergencia por COVID-19 que acentúan las desigualdades de género en los ámbitos privado y público. Las medidas adoptadas deben reconocer estas desigualdades para generar intervenciones efectivas y ajustadas.

Para la vigencia del año 2020, el Ministerio del Interior reportó que las mujeres representan el 80% de víctimas del delito de trata de personas. Este delito tiene como esencia disponer de una persona y usarla como mercancía, restringiendo la autonomía personal y menoscabando la dignidad humana al convertirla en un objeto de consumo.

Antes de la pandemia de COVID-19 la violencia contra las mujeres en contextos familiares ya era una de las violaciones de los derechos humanos más flagrantes; no obstante, el incremento de los índices de violencia intrafamiliar durante el periodo de aislamiento obligatorio preventivo dejó en evidencia que en los hogares se generan y reproducen patrones tradicionales de roles y relaciones entre hombres y mujeres asignados por la desigualdad y la asimetría de poder entre los géneros.

La pandemia de COVID-19 amenaza con el aumento de la pobreza entre las mujeres, son necesarias políticas para una reactivación económica que garantice los derechos de las mujeres y fomente la igualdad de género.