En Colombia, miles de niñas y mujeres se convierten en madres sin haberlo elegido. La falta de acceso a educación sexual, los obstáculos para conseguir métodos anticonceptivos y la desinformación las dejan sin alternativas. Para muchas, la maternidad no es una decisión, sino una imposición.

El 21 de febrero se cumplen tres años de la Sentencia C-055 de 2022, con la que la Corte Constitucional despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 24. La decisión fue un avance clave en la autonomía reproductiva, pero su implementación sigue enfrentando barreras que mantienen a muchas mujeres en un estado de vulnerabilidad.

El boletín «All In por la Igualdad: Apostarle a la Garantía de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos con enfoque interseccional y de género», producido por la Fundación Mujer y Futuro con el apoyo de Fós Femenista, analiza estas dificultades y expone cómo, en la práctica, el acceso a la IVE sigue estando condicionado por múltiples factores. Entre ellos:

• La falta de educación en salud sexual y reproductiva, que impide a muchas mujeres conocer sus derechos y opciones.
• Barreras en el acceso a métodos anticonceptivos, con restricciones que afectan especialmente a adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad.
• Violencias basadas en género, que limitan la autonomía reproductiva y convierten la maternidad en un destino impuesto.
• Casos específicos de adolescentes, migrantes y mujeres con discapacidad, quienes enfrentan obstáculos adicionales para acceder a la IVE debido a su edad, estatus migratorio o condición de salud.

En 2024, nuestra organización acompañó 24 casos de niñas y adolescentes (de entre 13 y 18 años) que optaron por la IVE. En muchos de estos, se identificaron obstáculos como la exigencia de autorizaciones innecesarias o la negativa de instituciones de salud a prestar el servicio. Otras jóvenes, sin acceso a información oportuna, creían que la maternidad era su única opción.

Tres años después del fallo, persisten las brechas entre el reconocimiento legal y el ejercicio real de los derechos sexuales y reproductivos.

Garantizar el acceso a la IVE sin barreras ni estigmas sigue siendo una tarea pendiente.